El Gobierno Nacional inició el proceso administrativo para privatizar Corredores Viales S.A, que tiene a cargo la concesión de, entre otras, la ruta 226, la cual conecta Mar del Plata con Balcarce, según lo plasmado en el último boletín oficial.
A través del decreto 97/2025, el Ejecutivo que conduce Javier Milei autorizó la “privatización total” de Corredores Viales S.A “bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley Nº 17.520 y sus modificatorias”.
El Ministerio de Economía, con la asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, adoptará las medidas “necesarias” para dar cumplimiento a la privatización.
Ello implica “la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de los Tramos I a V, del Tramo VI y de los Tramos VII a X asignados a Corredores Viales S.A.; la celebración de contratos de concesión de obra pública sobre las referidas rutas; y la “disolución y posterior liquidación” de la empresa estatal, una vez adjudicados y perfeccionados los mencionados acuerdos.
La cartera que conduce Luis “Toto” Caputo tendrá la facultad de efectuar el llamado y la adjudicación de la licitación pública para privatizar Corredores Viales S.A.
Entre los fundamentos del acto administrativo, el Gobierno indicó que en 2019 se le otorgó a la mencionada firma la concesión de obra pública por peaje para la “construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios al usuario”.
En tal sentido, la gestión de Milei reveló que, tras un relevamiento de los espacios a cargo de la firma, se verificó que 3.402 kilómetros de traza “no se encuentran en óptimas condiciones para la circulación y conexión de las distintas regiones del país, lo que representa aproximadamente el 45% del total de las rutas que le fueran oportunamente asignadas”.
Según el Gobierno, en el ejercicio 2023, la empresa presentó “un resultado negativo de $142.205.649.349 y pérdidas acumuladas de $268.676.670.507”. Como consecuencia de ello, la operación de los caminos concesionados a Corredores Viales S.A “se realizó a través de transferencias del Tesoro Nacional, las que alcanzaron la suma de $301.010.910.761″.
“Este Gobierno considera prioritaria la construcción de obras de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos con el objeto de asegurar la conexión de las distintas regiones del país de manera segura y previsible, para lo cual se precisa la participación del sector privado”, esgrimió el Ejecutivo.
A partir de estas premisas, en el marco del artículo 7° de la Ley Bases, se declaró a Corredores Viales S.A “sujeta a privatización”.
Tras la oficialización del proceso de privatización de la empresa estatal, aún no hay precisiones sobre la situación de los peajes, en especial el de la ruta 226, que tiene impacto en Mar del Plata.
De acuerdo a los fundamentos del Gobierno, el Estado dejará de financiar la reparación de rutas nacionales, inversión que correrá por cuenta exclusiva del futuro concesionario. Si bien se esperan más precisiones en los pliegos licitatorios, la gestión libertaria anticipó que los interesados, a cambio de obras, se quedarán con el cobro de los peajes.
Hasta el momento, el peaje El Dorado, que une Mar del Plata con Balcarce, cuesta $1.300 con pago manual en la categoría más baja.
