El comunicado emitido por Antonio Curciarello y Andrés Zulueta refleja una posición crítica frente al Decreto 6/2025, que dispone la disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FSU).
Según ellos, esta medida perjudica especialmente a las comunidades más alejadas y vulnerables del país, al restringir el acceso a infraestructura de telecomunicaciones que las grandes empresas no consideran rentables.
El comunicado refleja un posicionamiento contundente frente a la eliminación del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FSU) en Argentina, subrayando su impacto negativo en la conectividad, la inclusión digital y la equidad territorial. Este fondo, financiado por un porcentaje de los ingresos de las empresas de telecomunicaciones, era clave para llevar internet y telefonía móvil a localidades desatendidas por el sector privado, así como para implementar programas de acceso digital.
El ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, junto con el presidente de EMPATEL SAPEM, Andrés Zulueta, destacan que esta decisión no solo profundiza la desigualdad sino que también margina a millones de argentinos que dependen de esta infraestructura para acceder a servicios esenciales como salud y educación.
Además, critican el uso de facultades extraordinarias para derogar un fondo respaldado por el Congreso, señalando posibles influencias del lobby de las multinacionales.
El documento enfatiza ejemplos concretos de los beneficios del Fondo de Servicio Universal FSU en La Pampa, como el acceso a internet de alta velocidad en localidades remotas y el fortalecimiento de redes provinciales que benefician tanto a cooperativas como a pymes. Asimismo, denuncia la demora en los desembolsos comprometidos por el ENACOM, obligando a las provincias a financiar las obras por su cuenta.
En términos más amplios, el comunicado subraya la necesidad de políticas estatales que equilibren la concentración poblacional y económica en los grandes centros urbanos con la inclusión del interior profundo, defendiendo un Estado que garantice derechos y promueva el desarrollo territorial armónico.
