El conflicto entre Mendoza y La Pampa sobre el río Atuel es un tema de largo plazo, con varias implicaciones legales, ambientales y sociales.
En este contexto, la falta de voluntad de Mendoza para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo para el río Atuel en la parte pampeana, se está haciendo cada vez más evidente.
Recientemente, las evidencias sobre la disponibilidad de agua en la cuenca del Atuel han sido contundentes. La represa de Los Nihuiles, ubicada sobre la cuenca, está al máximo de su capacidad, lo que contradice los argumentos mendocinos sobre la supuesta escasez de agua. Además, el Departamento General de Irrigación de Mendoza había reportado a principios de noviembre un ingreso de 42 metros cúbicos por segundo, un 24% por encima de la media habitual para esta época del año. Esto pone en duda la afirmación de que no hay recursos suficientes para cumplir con el fallo de la Corte.
La Pampa, por su parte, ha seguido recopilando pruebas para demostrar que Mendoza tiene la capacidad de cumplir con el fallo sin necesidad de hacer obras adicionales, simplemente mediante un manejo más equitativo de los recursos. En este sentido, el informe de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) presentado por el gobierno pampeano señala que el agua está disponible, pero lo que falta es voluntad para compartirla de manera conjunta. Este informe, que se remonta a abril, ya advertía sobre las maniobras de Mendoza para reducir sus reservas, en especial las erogaciones extraordinarias de agua durante la temporada de riego, que habrían sido destinadas a evitar el cumplimiento del fallo en el futuro cercano.
A pesar de los esfuerzos de Mendoza por mostrar que no tiene la capacidad de cumplir con el fallo, la evidencia parece contradecir esta postura. La Pampa ha argumentado que el caudal irregular que llega a su territorio desde la zona bajo riego no corresponde al río Atuel original, sino a un excedente de agua de reuso, que no cumple con los estándares de calidad y cantidad exigidos por la Corte. Además, el agua que fluye desde la zona bajo riego está contaminada con agroquímicos y sales, lo que hace aún más difícil la situación para los habitantes y el ecosistema de La Pampa.
El conflicto es, por lo tanto, una cuestión de gestión y voluntad política. Mendoza ha sido acusada de priorizar sus intereses regionales en detrimento de los acuerdos interprovinciales y de la justicia ambiental. La presión sobre la provincia mendocina para cumplir con el fallo de la Corte se intensifica con cada informe y cada evidencia de que la situación podría ser resuelta sin necesidad de nuevas infraestructuras o grandes inversiones, simplemente gestionando de manera más equitativa los recursos hídricos.
Este caso es un ejemplo de cómo las disputas sobre el agua, un recurso vital, pueden tener repercusiones sociales, económicas y ecológicas de largo alcance. La resolución de este conflicto dependerá en última instancia de la voluntad de las autoridades de Mendoza de cumplir con lo dictado por la Corte Suprema y de la capacidad de ambos gobiernos provinciales para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes y al ambiente.
