El megaproyecto minero en el distrito de Malargüe, denominado "Malargüe Distrito Minero Occidental" (MDMO), ha generado una controversia significativa en Argentina, especialmente debido a sus potenciales impactos ambientales sobre la cuenca del río Colorado.
Este río es vital para varias provincias que comparten sus aguas, formando el Comité Interprovincial del Río Colorado (Coirco), que agrupa a Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.
El proyecto minero ha recibido críticas debido a su posible impacto ambiental, particularmente en lo que respecta a las cavernas en Mendoza, que están protegidas por ley. La Federación Argentina de Espeleología (Fade) presentó una demanda ante la justicia federal de San Rafael para detener el proyecto, alegando que afectaría las cavernas y otras áreas protegidas. Sin embargo, el fiscal federal de San Rafael, Ignacio Ariel Sabas, rechazó la demanda, argumentando que no se ha demostrado la interjurisdiccionalidad del conflicto, es decir, que el daño afecte a otras provincias fuera de Mendoza, lo cual es clave para la intervención de la justicia federal.
Este rechazo ha generado un conflicto interjurisdiccional entre las provincias, ya que las autoridades mendocinas han decidido avanzar sin considerar las preocupaciones de las provincias aguas abajo del río Colorado. Las autoridades de las otras provincias, como Neuquén y Río Negro, se han manifestado en contra de esta postura, destacando la importancia de abordar de manera conjunta los posibles impactos ambientales del proyecto. Además, las asambleas ambientalistas de las cinco provincias han comenzado a movilizarse para presentar recursos de amparo y evitar que el proyecto avance sin una evaluación adecuada de sus impactos.
El caso es especialmente complejo, ya que también involucra la legislación provincial sobre minería y las decisiones políticas en Mendoza, donde las autoridades parecen haber eludido algunas leyes nacionales que requieren una evaluación más profunda de los impactos de proyectos mineros. Esto ha generado un fuerte rechazo de parte de los ambientalistas y de algunos sectores de la sociedad mendocina.
En resumen, el megaproyecto minero de Mendoza está en el centro de un conflicto ambiental y jurídico que involucra tanto a las autoridades provinciales como a las federales, y pone en juego la protección de recursos naturales compartidos entre varias provincias argentinas.
